El grupo de opinión Sentipensante publicó su sexto manifiesto y advierte que la recomposición social solo será posible si se incentiva la participación ciudadana, ahora que el país enfrenta una situación límite en gobernabilidad, violencia e inseguridad, la criminalización de la protesta y descontento social. “La represión y la violencia de estado no son salidas adecuadas” opinan.
Declaran que para llegar a soluciones “es necesario priorizar la participación social y política de las personas, capaces de exigir desempeño a políticos e instituciones, con autoridad para llamar a cuentas a gobiernos corruptos, de exigir transparencia en la instituciones, de procesar inhabilitación de cargos públicos a través de instrumentos de consulta, entre otros casos.”
Sentipensantes declara que “la política de estado que se ha orientado más a la lucha contra el narcotráfico, más que a proyectos sociales dirigidos a resarcir y recuperar el tejido social” y en rueda de prensa advirtieron que lo que está ocurriendo en México “está generando una situación de no futuro para millones de jóvenes que ven cómo sus expectativas de vida se construyen sobre la base de la incertidumbre”
El grupo formado por personas dedicadas a la investigación, la docencia y al activismo social, señalan que la situación que enfrenta el gobierno mexicano respecto a altos niveles de ingobernabilidad en lugares donde el crimen organizado se ha instalado, filtrándose y, en algunos casos, apropiándose de las instituciones del estado
La consecuencia directa, advierten, es la irrupción en distintos niveles de la protesta social y de la movilización ciudadana, por parte de grupos de la sociedad civil, que exigen, ante la crisis de las instituciones del estado, que se les dé garantías de seguridad y protección.
Consideran que el escenario en México comienza a tomar tintes de alarmante violencia social e ingobernabilidad que obligan a los ciudadanos a levantar la voz, a organizarse y a pronunciarse públicamente sobre lo que está ocurriendo en todo el país. Casos como los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, el caso de Tlatlaya en el Estado de México.
Y no solo eso, también es la protesta de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, la ingobernabilidad vivida en Michoacán y el surgimiento de las autodefensas y la captura del Doctor Mireles, el asesinato de los opositores a la presa de picachos, los eventos recientes en Ciudad Universitaria y la amenaza generalizada por parte del gobierno federal para criminalizar la protesta social.
“Son síntomas de una crisis política del país donde las instituciones del estado y los partidos políticos se han visto rebasados, incapaces y en cierta medida responsables de reducir deliberadamente los espacios de empoderamiento ciudadano y participación social”
En el caso concreto de Nayarit, la realidad no dista mucho de lo que está ocurriendo en otras regiones del país “Nos encontramos ante un escenario de alta politicidad” Por un lado, los continuos procesos electorales. Por otro lado, están grupos de la sociedad civil organizada que se expresan y manifiestan. Existe también, aunque poco visible, una participación activa en las redes sociales.
Dicen que en la medida que un gobierno garantice y promueva la participación social y ciudadana, la posibilidad de que emerja un poder arbitrario es mucho menor “Por ello es importante hacer efectivo el marco legal desde el cual se definan con claridad las formas de participación ciudadana en una democracia”
Criterios como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, son algunos mecanismos de participación ciudadana aprobados en Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas.
En el caso de Nayarit, el artículo 17 constitucional fue reformado en el año 2010 para otorgar derechos de participación en lo referente al plebiscito, referéndum e iniciativa popular. “Sin embargo poco se ha informado, difundido o promovido entre la ciudadanía”
En 2012 fue publicada en el Periódico oficial la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit, que en teoría estaría reglamentando el derecho a la participación directa de los ciudadanos “Sin embargo quedan muchas dudas y sospechas sobre la efectividad para que los mismos ciudadanos puedan hacer uso de ellas” advierte el grupo Sentipensantes.
Un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con los Comités de Acción Ciudadana (Cac´s), que fueron implementados con la intención de construir un contacto directo entre gobierno y ciudadanía, pero que en los hechos han sido víctimas de los partidos políticos.
La forma en que se vincule el gobierno con la ciudadanía, ya sea la participación vía partidos políticos, programas de gobierno, ONG´s, AC o participación no institucionalizada, vía grupos de la sociedad civil organizada de autogestión, autónomos o independientes.
“Nuestra posición radica, ante este escenario, en promover la emergencia, y dar apertura a la participación ciudadana desde los múltiples planos de opción institucional y no institucional, desde la cual ésta se organiza, con la finalidad de no permitir socavar el derecho de manifestación, de expresión, de participación y de organización, a que toda sociedad que aspire a ser democrática debe aspirar de manera irrenunciable”. /Angélica Cureño/ reportera
