Desde el pasado 13 de marzo está suspendida la evaluación de la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) con la que se autorizaría la construcción de la presa Las Cruces; en un plazo no mayor a 60 días la CFE (Comisión Federal de Electricidad) deberá solventar irregularidades, de no cumplir con el requerimiento podría quedar suspendido definitivamente el proyecto hidroeléctrico sobre el río San Pedro Mezquital.
De acuerdo al protocolo y posterior a la reunión pública de información, la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) suspendió el análisis de impacto ambiental para solicitarle a la CFE aporte información adicional al proyecto, datos relacionados con las inconsistencias e irregularidades exhibidas por investigadores, activistas, asociaciones civiles y grupos étnicos en la asamblea del 20 de febrero de 2014 en San Pedro Ixcatán, una de las comunidades que quedaría inundada por el embalse de la presa.
De no cumplirse con el mandato en el plazo fijado, el proyecto promovido por la Comisión Federal de Electricidad podría ser suspendido definitivamente, por el contrario, de presentar la información solicitada se reanudaría el procedimiento por las autoridades del medio ambiente y concluir el dictamen.
Por otra parte, el pasado 14 de marzo, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envió un escrito a cinco relatores de la ONU (Organización de las Naciones Unidad) y a un experto independiente exponiendo un listado de anomalías encontradas en el proyecto Las Cruces y solicitando su intervención para emitir una recomendación al gobierno mexicano solicitándole la suspensión definitiva de la cuarta hidroeléctrica en el estado de Nayarit.
En opinión de especialistas, la petición hecha por AIDA, representante del Consejo Intercomunitario del río San Pedro Mezquital, Consejo Indígena Náyeri, Federación Ribereña de Nayarit, Nuiwari, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), SuMar y el Grupo Ecológico Manglar queda sin efecto temporalmente ya que aún no hay dictamen alguno sobre el cual hacer las observaciones, equivalente a adelantarse a la resolución de la Semarnat.
En el texto dirigido a relatores del organismo internacional especializados en vivienda, derechos de los pueblos indígenas, derecho a la alimentación, al agua potable, saneamiento y extrema pobreza y al experto en obligaciones de derechos humanos se solicita “que insten al Estado mexicano a garantizar los derechos a la información y participación, consulta y consentimiento, a la alimentación, al agua potable y saneamiento y disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas del río San Pedro Mezquital.”
Y argumenta: la MIA es inaceptable debido a que, entre otros aspectos, fragmenta el análisis de los impactos en los ecosistemas, enfocándose a unas zonas y no a todo el Sistema Ambiental Regional”.“Definido por el mismo promovente [CFE], presenta información incompleta y no contiene datos fidedignos sobre los impactos de la hidroeléctrica sobre el flujo hidrológico de Marismas Nacionales, ni sobre el hábitat de especies en peligro como el jaguar y el cocodrilo de río.”
El San Pedro Mezquital es el último río que fluye de la Sierra Madre Occidental hasta el Océano Pacífico libre de represas en el noroeste de México. Es el séptimo río más caudaloso del país, base del sustento de las comunidades del centro del estado de Nayarit, y la principal fuente de agua dulce del sur del estado de Durango. Además, el río alberga centros ceremoniales y sitios religiosos ancestrales de los indígenas de la región (coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros), como La Muxatena, una formación rocosa que cada 24 de junio es sede de la fiesta de San Juan.
La CFE pretende construir sobre el río San Pedro Mezquital el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, con capacidad de 240MW generados por tres turbinas y una cortina de 188 metros de alto en una superficie total de 5,349 hectáreas, con un presupuesto de 7, 995 millones de pesos, programada a 49 meses./Angélica Cureño/reportera
