Con 65 votos en favor y 51 en contra, el Senado de la República aprobó, en lo general, el dictamen que extingue 109 fideicomisos, que representan más de 68 mil millones de pesos.
El debate y aprobación de esta minuta se llevó a cabo en la sede histórica de la Cámara de Senadores, ubicada en la Antigua Casona de Xicoténcatl número 9.
El proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Diputados, modifica 18 leyes y abroga dos más, con la finalidad de eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos, así como fomentar la transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad.
Señala que uno de los objetivos es ordenar el funcionamiento de algunos fideicomisos que deben subsistir y precisa que el monto reportado en disponibilidades se reasignará a atender los efectos de la pandemia, temas de salud y economía, además para garantizar la continuidad de los programas sociales del bienestar.
En el documento se señala que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de que el Gobierno Federal cuente con suficientes para enfrentar la crisis derivada de esta emergencia sanitaria.
El senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que con esta reforma se permitirá una bolsa superior a los 68 mil millones de pesos para atender los efectos de la pandemia. Dejó en claro que no se acabarán los apoyos dirigidos a diversos sectores de la población.
Al presentar el dictamen, señaló que en el periodo 2000-2018 se aprobaron leyes de ingresos de la Federación que en su conjunto significaron una fuente de saqueo de 3.8 billones de pesos, los cuales no se acreditaron, “pero sí se destinaban a fideicomisos públicos en 70 por ciento”.
Así, acusó, nace en México el sistema de saqueo fiscal y presupuestal que se crea con los fideicomisos públicos y que generó una industria con empresas fantasma que en ese periodo emitieron 9 millones de facturas apócrifas. El legislador de Morena aseguró que con esta reforma “concluye hoy esa fase de saqueo en el país” y “se acaba el arte de desaparecer el dinero público”.
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, afirmó que no se afecta a la población que actualmente es beneficiaria, como lo pretenden hacer creer mediáticamente. La extinción de un fideicomiso no imposibilita al Estado para atender directamente a su objeto, explicó.
Comentó que la desaparición de fideicomisos no es ningún atentando ni una regresión, sino una oportunidad para optimizar el aprovechamiento de los recursos públicos en el interés más importante: el social. Se trata de una acción histórica en el combate a la corrupción, aseveró la legisladora.
