Autobuses cargados de migrantes llegaron esta semana a Michoacán y Guerrero como parte de la estrategia del Gobierno mexicano de disolver las caravanas que salieron de Tapachula la semana pasada. Cansados de caminar, enfermos y sin recursos, muchas de estas personas accedieron a ser trasladadas tres semanas después de llegar a Tehuantepec, Oaxaca, en la región del Istmo. La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración (INM) ha ofrecido a estas personas una visa humanitaria para transitar por el país a cambio de desmantelar la caravana y ser transportados de manera voluntaria. Ocho autobuses con al menos 300 migrantes llegaron hace unos días hasta el puerto de Acapulco, en Guerrero. Otros siete camiones llevaron a otro grupo a Morelia, en Michoacán.
Se calcula que entre 200 y 300 personas están siendo trasladadas al día en autobuses a diferentes puntos del país, lejos de Ciudad de México, donde pretendían llegar las caravanas. El objetivo de la mayoría es llegar a Estados Unidos antes de que Donald Trump aplique su política antiinmigración. México, como parte de la negociación, redujo un 75% el flujo de migrantes que llegan a la frontera norte en los últimos años. Ese ha sido uno de los asuntos que han tratado Sheinbaum y Trump en una conversación reciente. “Se atiende a las personas migrantes y a las caravanas previo a que lleguen a la frontera. Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre Gobierno y entre pueblos”, dijo la presidenta en redes sociales después de la llamada con el futuro presidente de Estados Unidos, en donde quedó claro que frenar a las caravanas es una de las máximas prioridades de Washington.
“Los flujos migratorios se han reducido no por una estrategia, sino porque México está deteniendo una gran cantidad de migrantes”, señala Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante. “Es un modus operandi: no dan tarjetas de tránsito humanitario y, por lo tanto, las personas tienen más posibilidad de ser detenidas en el camino”, agrega la especialista, quien comenta que la Administración de Joe Biden también ejerció una fuerte presión a finales del año pasado.
Con información de El País/Almudena Barragán
