*Se protege más al patrón que al trabajador, denuncian
Desde que se realizaron los cambios en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el actual presidente de la misma, Diego Valderrama Delgado, se ha encargado de retardar la justicia laboral en franca protección a los patrones, al igual que los presidentes de las Juntas Especiales Número Uno y Dos, denunció el litigante y miembro de la Federación de Abogados de Nayarit, Pedro Figueroa Tejeda.
Aseguró que no cumplen en su término los mandatos de la Ley para aceptar y desahogar las demanda laborales que tardan seis o siete meses en admitirla, además de señalar la fecha de audiencia de prueba seis meses después y luego optar por diferirlas.
Esto significa, anotó, que un juicio laboral que debe terminarse en 30 días concluye en tres años cuando menos y luego viene el problema para ejecutar el laudo porque las Juntas laborales les brindan protección a los patrones.
Ante ello, Figueroa Tejeda consideró la necesidad de hacer cambios por gente que tenga actitudes de trabajo y de servicio para los justiciables en materia laboral. “Es increíble que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Diego Valderrama, no haga caso ni les imponga una disciplina férrea a los Presidentes de las Juntas Especiales”, señaló.
Incluso, dijo no entender porqué el Gobierno del estado sostiene a estas personas que no devengan el salario, no saben Derecho Laboral o bien no tienen el espíritu de servicio para prestar éste a la gente tan necesitada como son los trabajadores.
Estimó que un juicio que se termina en tres o cuatro años y que pudo haberse terminado en una conciliación dentro de los primeros 15 días de la presentación de la demanda, al final de cuentas resulta una carga enorme para el patrón, quien utiliza a la Junta Local para intimidar al trabajador que se desista de la demanda o acepte la bicoca que en principio le habían ofrecido para no pagarle los salarios caídos.
Ante esta situación, indicó que interpusieron sus quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos -que ahora sus recomendaciones son vinculatorias y obligatorias en su cumplimiento-, contra el Presidente de la Junta Especial Número Uno y en contra del Presidente de la Junta Especial Número Dos.
Sobre este último, Figueroa Tejeda refirió que presentaron una demanda el pasado 5 de enero de 2012 y actualmente se niega a admitirla porque un señor de nombre Aureliano que es el dueño de tortillas La Norteña, al parecer es Presidente del Consejo o del pleno de esa Junta y obviamente no quieren admitir la demanda.
Es por eso que ante la parcialidad de estos funcionarios si la Comisión Estatal de Derechos Humanos no resuelve, acudirán a la nacional a promover una revisión e incluso de ser necesario se irán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sea ésta la que resuelva y obligue al Gobernador Roberto Sandoval, a tomar una decisión final sobre su despido e inhabilitación a esos funcionarios por diez años cuando menos para ejercer la función pública, concluyó.
Por Rafael Delgado
