Sin intérpretes para indígenas en juzgados y hospitales

Publicada en 2003, la ley general de Derechos Lingüísticos continúa sin “aterrizar” en estados con presencia de grupos étnicos, como Nayarit.
Dicha ley pretende regular los derechos de habla, difusión y preservación de la diversidad lingüística mexicana; sin embargo hasta la fecha su aplicación es casi nula.
Esta norma estipula que todos los programas de Gobierno deberán ser difundidos “en lengua comprensible” para los pueblos étnicos, inclusive la propaganda gubernamental.
En Nayarit, sólo algunos juzgados de la Yesca y El Nayar o con mayor afluencia de indígenas es en donde se tiene el servicio de intérpretes; paradójicamente la misma CDI solo tiene una persona que habla cora.
Este 2016, para conmemorar el Día Internacional de las Lenguas Maternas, integrantes de la Unión de Profesionistas Indígenas de Nayarit y grupos afines, llevan a cabo actividades de rescate y práctica; destacan que hay deficiencia de intérpretes para la procuración de justicia y atención médica, entre otros ámbitos de igual importancia.
De aproximadamente 45 mil personas integrantes de alguna de las cuatro etnias con presencia en Nayarit, los que pierden con mayor rapidez hablantes son tepehuanos y mexicaneros, en menor número wirrárikas y náyeri.
Para el rescate de las lenguas maternas el investigador especialista Saúl Santos García presentó su libro para la enseñanza de lenguas indígenas a adultos, para la formación de profesores
En tanto que Max muñoz, Marina Carrillo llevan a cabo actividades de rescate con material didáctico, proyección de videos, producción de cápsulas informativas, en wirrárika; por su parte Tutupika Carrillo conduce programas radiofónicos.
Como cada año, en distintos foros, hicieron un exhorto para que las instituciones públicas contraten intérpretes y para que las instituciones educativas formen traductores-intérpretes.
En consideración de analistas, la procuración de justicia es uno de los puntos de mayor vulnerabilidad, ya que el sistema no cuenta con servidores, funcionarios, jueces, MP o policías que hablen los idiomas ya que se presentan casos en los cuales por falta de intérpretes esperan un juicio y en el peor de los casos purgan una condena injusta.
En 2014 la CDI y el INALI acreditó a cinco mujeres y 23 hombres especializados en traducir juicios penales y acciones de la justicia, sin embargo la cifra aún es insuficiente. /Angélica Cureño/ reportera