La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado desmintiendo compra y uso de software malicioso utilizado para espionaje y extracción de información, lo cual es señalado como violación a derechos humanos. Por el contrario, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong ha declarado que “fueron comprados en la administración pasada” aunque las facturas han sido pagadas en la actual.
El fiscal Edgar Veytia niega la compra o uso del programa Remote Control System conocido también como “Da Vinci” utilizado para extraer información de celulares y computadoras; agrega que la dependencia a su cargo “no tiene interés de adquirir ninguna clase de programa con la empresa Hacking Team.”
El pasado 5 de julio, el informativo digital Animal Político dio a conocer la lista de 16 gobiernos estatales y dependencias federales que pagaron más de 100 millones de pesos en los últimos cuatro años a la compañía “que bajo la fachada de una empresa de ciberseguridad vende software malicioso a 35 países en el mundo, entre ellos varios señalados por graves violaciones a derechos humanos.”
Dos días después, el titular de Gobernación aceptó la compra de equipo, puntualizando que fue “en la administración pasada” sin embargo, la información de la empresa italiana evidencia pagos de esta administración. En algunos casos el software se contrató a través de intermediarios que ya han firmado contratos con distintos gobiernos en México para equipos de seguridad físicos y digitales, se lee en el portal de Animal Político.
El programa malicioso se instala incluso en teléfonos celulares y permite extraer todo tipo de información y hasta registrar que botones se oprimen en un teclado.
Por otra parte, Reporteros Sin Fronteras ha calificado públicamente a la empresa Hacking Team como “enemigos de la internet” por sus herramientas ofensivas capaces de romper códigos encriptados y violentar los derechos a la privacidad no solo de periodistas sino de la sociedad en general.
Al respecto, Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, ONG que está haciendo un análisis pormenorizado de la información revelada, consideró necesario que se inicie una investigación urgente en torno a este espionaje, ante la posibilidad de que los programas se estén usando fuera del marco legal.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes generales, solamente las agencias del Ministerio público y Fiscalías además de órganos de inteligencia están facultadas para realizar una intromisión de comunicaciones privadas y siempre dentro del marco de una averiguación previa.
Al respecto, la Fiscalía explica en el comunicado que “si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales, permite a las agencias del Ministerio Público y Fiscalías realizar una intromisión de comunicaciones privadas y siempre dentro del marco de una investigación previa, éste no es el caso de la FGE”/ Angélica Cureño/ Reportera
