Hasta que resuelva la Corte, queda impedido el gobierno del estado para vender a particulares el terreno del antiguo estadio de beisbol; la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el destino que se le dé al “parque de la dignidad”, lo que significa que echa abajo las expectativas del gobernador Roberto Sandoval para vender un bien público para pagar a la UAN, como lo publicara en el Periódico Oficial.
El anuncio lo hizo el representante legal de los 16 ciudadanos que interpusieron la demanda, el ex diputado Miguel Ángel Arce Montiel.
El jueves informó que la Primera Sala de la SCJN atrajo el amparo colectivo (Facultad de Atracción 599/2014) debido a que el Ministro Alfredo Ortiz Mena hizo suya la solicitud de atracción propuesta.
El colectivo representado por Arce Montiel apeló a una omisión gubernamental, al declarar que “era un lote baldío”, siendo que quedó demostrado que es una obra inconclusa a la que la federación destinó cuatro millones de pesos no comprobados, a través de Conaculta.
En el portal de la SCJN, se informa que esta atracción se decidió por unanimidad de cinco votos; lo cual marca un precedente para la entidad.
Noviembre 2014 se declaró ilegal el decreto que autorizaba al gobierno a vender el “Parque de la dignidad” debido a que los magistrados encontraron fundada la queja ciudadana y la dieron por buena, y por lo tanto se obliga al juez exija información y documentación a la SOP para la incorporación al expediente.
En la sesión del 17 de octubre, se dio cuenta de la negativa de la Secretaria de Obras Públicas a entregar información relacionada con los trabajos realizados en Ciudad de las Artes, misma que anteriormente el juez de distrito se había negado a exigir. Los documentos son la evidencia de las obras realizadas que el terreno no es un lote baldío y que efectivamente hubo inversión de Conaculta.
El representante legal Miguel Ángel Arce Montiel acudió a la sesión del Tribunal Colegiado en la cual se desahogó la queja 86/2014 del expediente acumulado 797/2013 827/2013 del juicio de amparo.
Cabe recordar que en 2013 Roberto Sandoval, pidió al Congreso la desincorporación del terreno para poder venderlo a particulares y con el dinero pagar la deuda (propia y la heredada por la pasada administración) a la UAN por concepto del impuesto especial del 12% (por parte de los 20 ayuntamientos salientes la deuda es de aproximadamente 200 millones y del Estado 71 millones) /Angélica Cureño/ reportera
