Exhibe el ex alcalde, y ahora diputado, Pavel Jarero aplicación de criterios sesgados en el Informe de Resultados del Órgano de Fiscalización; la misma observación –gasto de gasolina, 2012- tienen sanción diferenciada para el ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, el Congreso y el Ejecutivo. A los poderes solo les hicieron recomendaciones, al ayuntamiento le ordenan devolución del dinero.
Al munícipe le piden pago de 263 mil pesos, en tanto que al Legislativo “gire instrucciones a quien corresponda para que solvente dichas irregularidades” y al Poder Ejecutivo, con una lista de observaciones, solo indica “solventen esos detalles.”
Para esclarecer el criterio aplicado, solicitará al titular del OFS, Roy Rubio, muestre los lineamientos para analizar, observar y dictaminar, y se pedirá al diputado Jorge Humberto Segura, presidente de la comisión de Hacienda considere la comparecencia del auditor general del Órgano.
“Se está torciendo la ley, y hay que parar al auditor, para que actúe en consecuencia” declaró Pavel en sesión del 16 de octubre, en asuntos generales.
Ilegalmente se filtró a la prensa local información del Informe de Resultados 2012, con datos del expediente de Santiago Ixcuintla. “La filtración es ilegal” advirtió Pavel.
De acuerdo al cuadro comparativo que presentara, en relación al gasto de gasolina, al gobierno perredista de Santiago le exigen el pago de 263 mil pesos; al Congreso le piden “gire instrucciones a quien corresponda para que solvente dichas irregularidades” y al Ejecutivo, con un listado de omisiones: no presentar firmado solicitud de combustible, no se presentaron oficios de comisión, sin comprobante de casetas, no les funciona el tacómetro a las camionetas de la Secretaria General, Finanzas y Turismo y solo se le pide “solventen eso detalles.”
En un segundo ejemplo corresponde al gasto del ramo 33, combate a la pobreza; para el caso Tepic, de extracción priísta, la observación indica que gastó 35 millones de peso en colonias que no tienen marginación desatendiendo 90 localidades con grado de rezago 6. A lo que el Órgano indicó “le recomiendo al ayuntamiento de Tepic, que genere las iniciativas que mejoren el ejercicio del presupuesto.”
Mostró un caso más, Rafael Cervantes, ex alcalde de extracción panista en Bahía de Banderas, debe resarcir 2 millones 400 mil pesos, porque gastó el dinero en un proyecto que no cumplía las especificaciones e indebidamente puso como responsable al secretario de Obra y Servicios Públicos municipales, siendo que la ley indica que se necesitan tres firmas para autorizar dinero público.
Otro caso, también referente al Fondo 3, Ramo 33, Combate a la pobreza, 2009, bajo responsabilidad del contralor Roy Rubio, indica desvío de fondos por seis millones de pesos a lo que el Órgano recomendó que el ayuntamiento “en lo subsecuente considere también hacer encuestas para medir la pobreza de esas colonias que no cumplen con el criterio de alta marginalidad.”/Angélica Cureño/ Reportera
