Ejidatarios de El Pantanal, Xalisco, han esperado más de 30 años por la indemnización de sus tierras, concedidas para la construcción del aeropuerto Amado Nervo; el dinero ya fue depositado por el Gobierno, sin embargo pugnas entre grupos les impiden recibirlo.
Por resolución judicial, más de 90 millones de pesos les serían entregados solo a 86 ejidatarios, pero la orden no fue acatada y desconocen quién o quiénes robaron el acta de Asamblea. Movidos por intereses, y pese a la orden legal, algunos se resisten a acatar la orden y pretenden que el dinero sea distribuido entre los 250 propietarios.
“La asamblea General de los Ejidos es la máxima autoridad y ya decidió” dijo el diputado por el PRD, Miguel Ángel Arce Montiel y agregó “las autoridades agrarias deberían coadyuvar para que los grupos en pugna se reconcilien, sobre todo porque ha sido una larga lucha.”
Trascendió que la distribución del dinero es disputada por tres fracciones: una representada por la ex diputada federal por el PRI y ex comisariada ejidal de Pantanal, Olga López Castillo, quien es apoyada por el Comisariado Ejidal, Alejandro Rodríguez; el otro grupo representado por el líder de los afectados, José Guadalupe López Carrillo junto con el diputado perredista Arce Montiel, y el tercero de Gabriel Copado Álvarez, de extracción priísta.
Involucrada supuestamente por apoyar a uno de los grupos en pugna, la delegada de la Procuraduría Agraria en el estado, Hilaria Domínguez Arvizu, amenazó con presentar denuncia por difamación en contra del diputado local Miguel Ángel Arce Montiel, quien la responsabiliza de pretender sacar provecho (“jinetear”) la indemnización.
LOS HECHOS Y ANTEDECEDENTES
Este conflicto se origina en la Asamblea de ejidatarios del 26 de septiembre de 2013; en esa sesión, que cumplía con los requisitos de ley, decidieron que los más de 90 millones de pesos –depositados en el FIFONAFE- fueran entregados exclusivamente a los 86 ejidatarios a quienes les expropiaron sus tierras para la construcción del aeropuerto internacional Amado Nervo.
Sin embargo surgió un grupo proponiendo que el dinero fuera repartido entre los 250 ejidatarios y no solo a los directamente afectados, argumentaron que de las 385 hectáreas expropiadas, 14 correspondían a caminos saca cosechas y de uso común, y que por lo tanto el equivalente en dinero de esas hectáreas debería ser repartido entre todos; el conflicto se da cuando surge el interés económico y exigen que el total del dinero sea repartido entre todos.
Han pasado tres meses y a pesar de que en dicha asamblea estuvieron representantes de la Procuraduría Agraria, Gerardo Aguirre, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y un representante del FIFONAFE (Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal) el grupo opositor se niega a reconocer el acta del 26 de septiembre.
Para impedir el trámite legal, ocho ejidatarios interpusieron una queja ante el Tribunal Agrario. Habitantes de Pantanal afirman que son personas cercanas a la recién nombrada delegada de la Procuraduría Agraria en Nayarit. Hilaria Domínguez Arvizu, y afiliados a la CNC (Confederación Nacional Campesina, filial del PRI).
–Son gente de la CNC, muy afín a ella, y ella misma les dice que son sus “guerrilleros”. Comentó un entrevistado.
Ahora se sabe que “está desaparecida” (fue robada) el acta de asamblea del 26 de septiembre, incluso algunos de los inconformes se han dado a la tarea de difundir que “no hubo asamblea”, en tanto el comisariado ejidal tiene una demanda que lo obliga a entregar el documento. “hay una serie de irregularidades que deben ser aclaradas” advierte Arce Montiel.
Tres décadas después, hay quien se cuestiona la decisión de construir el aeropuerto de Tepic en una zona agrícola que fuera tan productiva, con agua en abundancia, rica en producción agrícola y ganadera, en flora, fauna; los lugareños aún recuerdan que cada año daba empleo a más de cinco mil jornaleros para la cosecha de arroz; en tanto que ahora el aeropuerto recibe escasamente diez vuelos Tijuana- México a la semana “y lo que menos se justifica es que se les regatee el dinero a los ejidatarios” comenta un lugareño.
“Tiene 30 años que les fueron arrebatadas sus tierras y apenas en mayo y julio se les entregaría el dinero, gracias a una resolución judicial. Aquí no resta más que respetar esa ley y que a la gente se le haga justicia” concluyó el diputado Arce Montiel. /Angélica Cureño/ Dominio Público
