Después de 20 años, desplazados por la presa Aguamilpa siguen sin tierras ni hogar

Integrantes de los pueblos originarios desplazados a causa de la construcción de la hidroeléctrica Aguamilpa, después de 20 años, siguen sin tener un lugar propio para vivir y cultivar; el sitio que les “prestaron” resultó tener dueño y ahora prácticamente viven a la intemperie.
Para ventilar el conflicto, se llevó a cabo una reunión en SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) entre habitantes de la comunidad de Majadas, municipio de Ruiz y autoridades federales.
“Por fin, después de muchos años de abandono parece ser que la justicia empieza a llegar para estas familias. Ojalá no quede en buenas intenciones. Estaremos pendientes de que todo salga bien” expresó la diputada Fidela Pereyra presente en la reunión.
Las familias solicitantes de un lugar para habitar, estaban en la comunidad de Carrizal y con la construcción de la presa los reubicaron en el pueblo de Majadas; con el tiempo resultó que esas tierras fueron reclamadas por sus propietarios y ahora esa gente vive temporalmente en Juan Escutia, localidad de Ruiz
Según información difundida por la diputada Pereyra, presidenta de la comisión legislativa de asuntos indígenas, algunas familias desplazadas viven en condiciones precarias “unos duermen abajo de los árboles y otros de arrimados con familiares.”
Aguamilpa, construida en aguas río Santiago, en el municipio de Tepic; entró en operaciones el 15 de septiembre de 1994, y se localiza a menos de 80 kilómetros río arriba de la Presa El Cajón, la segunda presa en la entidad.
La primera hidroeléctrica en Nayarit, fue proyectada sin los suficientes y adecuados estudios ni previsiones para la reubicación de comunidades desplazadas de la región que sería inundada por el embalse.
Caso similar aún se presenta con desplazados por la construcción de la presa El Cajón; como los emblemáticos pueblos de Cantiles y Los Ciruelos a quienes aún adeudan pagos y promesas incumplidas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Con respecto a la posesión legal de la tierra, apenas en junio pasado, la SEDATU, a través del Registro Agrario Nacional (RAN), entregó más de 800 documentos agrarios a ejidatarios y comuneros, algunos de los cuales tuvieron que esperar hasta 63 años para tener certeza jurídica sobre su tierra./Angélica Cureño/Reportera