A través de carta abierta, el Consejo Regional Wixárika da a conocer la detención arbitraria de cuatro de sus integrantes; aseguran que son objeto de persecución y hostigamiento a partir de que anunciaron la conformación de la policía comunitaria, para la defensa de bosques y por la seguridad de los habitantes del municipio de El Nayar.
Los detenidos son: Pedro Hernández Delgado, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Teresa; Lamberto Santiago Gutiérrez, Vidal Carrillo Carrillo, Julián Santiago Rodríguez y Carmelo Rodríguez Castañeda, juez y policías auxiliares Las Guacamayas.
En febrero pasado sesionó el Consejo y anunciaron la creación de un grupo de vigilancia para frenar la tala ilegal en sus bosques y protegerse contra actos de violencia por parte de elementos de seguridad; la llamaron “policía comunitaria” y tendría como característica particular que sus integrantes no portarían armas de fuego.
En el documento informan que y a partir de esa fecha indígenas y mestizos han sido objeto de hostigamiento y persecución, al grado de denunciar la detención y reclusión de cuatro de sus integrantes.
Denuncian además irregularidades y violaciones a derechos fundamentales, ya que a los detenidos los procesa sin la investigación correspondiente transgrediendo las garantías al debido proceso y defensa adecuada.
En el desplegado dan a conocer que autoridades locales ejercen abuso de poder, al grado de negarles a los detenidos el beneficio a la libertad bajo caución por un delito no grave y no estuvieron asistidos por un defensor que conociera su lengua y costumbres.
“Reivindicamos el derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, particularmente para decidir sus propias formas de organización política y social” se lee en el escrito de dos páginas.
Ante la nueva escalada de violencia, organizaciones indígenas y mestizas se unen para contrarrestar el abuso de autoridad y exigir respeto a la integridad física y la inmediata liberación de Pedro, Lamberto, Vidal, Julián y Carmelo “y les sea reconocida su condición de presos políticos.”
Así mismo se dirigen a los gobiernos federal y estatal para exigirles “respete las decisiones tomadas por la Asamblea General de Comuneros de Santa Teresa, Municipio de El Nayar, y deje de criminalizar a sus representantes con motivo de la formación de su policía comunitaria.
A través de este documento, convocan a las instituciones públicas y organizaciones protectoras de los derechos humanos e indígenas, a que se unan a esta manifestación de rechazo a las políticas de exclusión, racismo y abuso de autoridad.
Asimismo piden la inmediata intervención de la Comisión Interamericana, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ONU, de Congreso de la Unión “para detener el terrorismo del aparato judicial nayarita en contra de nuestras comunidades indígenas que solamente están defendiendo su territorio y su vida” se lee al final del documento. /Angélica Cureño/ Reportera
