Ejidatarios de El Pantanal, Xalisco, interpusieron demanda judicial en contra del comisariado que alteró el acta de asamblea en la que constaba que solo entre 86 personas se distribuirían los 90 millones de la indemnización por los terrenos cedidos para la construcción del aeropuerto internacional Amado Nervo. Esperan la orden de aprensión sea liberada en breve.
Más de treinta años esperaron el pago de sus tierras, en 2013 el gobierno depositó el dinero en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), y a partir de ese momento se genera la disputa por el reparto del dinero entre tres grupos.
El origen de la acusación está en el 26 de septiembre de 2013, en la asamblea general en donde estuvieron autoridades agrarias, Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y ante notario público, por mayoría, se acordó que solo a los 86 ejidatarios afectados en sus propiedades se les pagaría. Debido a que el comisariado ejidal alteró el acta de asamblea y se negaba a mostrarla –inclusive se llegó a decir que el documento estaba perdido- el conflicto quedo estancado.
Por investigaciones en junio pasado, se encontró la copia superviviente en oficinas centrales de Fifonafe, la que sirvió de evidencia para declarar el ilícito, por lo cual la fiscalía atrajo el caso; ejidatarios se entrevistaron con el fiscal, Edgar Veytia, solicitándole su intervención para que el caso sea solucionado a la brevedad.
El diputado local, Miguel Ángel Arce Montiel y asesores jurídicos confían en obtener respuesta pronta para liberar la orden de aprensión, misma que será presentada como prueba ante el Tribunal Agrario, instancia que dará por concluido el conflicto interno.
Treinta años después, hay quien cuestiona la decisión de construir el aeropuerto de Tepic en 385 hectáreas de alto rendimiento agrícola y con abundante agua; lugareños aún recuerdan que cada año daba empleo a más de cinco mil jornaleros para la cosecha de arroz; en tanto que ahora el aeropuerto recibe escasamente diez vuelos Tijuana- México a la semana “y lo que menos se justifica es que se les regatee el dinero a los ejidatarios” comentó un agricultor. /Angélica Cureño/reportera