La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada de 370 votos, dictamen que elimina el fuero Constitucional para todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, quienes podrán ser imputados penalmente durante el tiempo de su encargo ante la comisión de un delito.
Con estas reformas, se señala que de igual manera, se podrá imputar penalmente a gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y alcaldes, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, concejales. En todos casos se observarán los principios de derechos y garantías procesales que la Constitución establece a toda persona.
De igual manera, plantea que las Constituciones estatales no deberán establecer prerrogativas o tratos procesales especiales a los servidores públicos de las entidades y municipios, cuando incurran en cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos.
En el caso de que un Juez determine la vinculación a proceso a alguno de los servidores públicos, se le podrá imponer cualesquiera de las medidas cautelares que señale el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta en tanto no se dicte sentencia condenatoria o bien termine el periodo para el cual fue electo o nombrado.
