Defensores de derechos humanos señalaron que desde el inicio de la nueva administración, el pasado 20 de enero, se ha registrado una escalada en las políticas migratorias punitivas, incluyendo el traslado forzado de migrantes a prisiones en terceros países sin debido proceso.
Más de una decena de organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de abusos cometidos por el gobierno de Donald Trump contra personas migrantes en Estados Unidos, entre ellos redadas masivas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y condiciones inhumanas en centros de detención, incluso para niños y niñas.
Durante una audiencia pública realizada de forma virtual, defensores de derechos humanos señalaron que desde el inicio de la nueva administración, el pasado 20 de enero, se ha registrado una escalada en las políticas migratorias punitivas, incluyendo el traslado forzado de migrantes a prisiones en terceros países sin debido proceso.
Las organizaciones —entre ellas Al Otro Lado, RAICES, Amnesty International, IMUMI, Refugees International, Human Rights First y el Florence Project— señalaron que, desde la llegada de Trump al poder en enero de 2025, ha habido un recrudecimiento de políticas migratorias violatorias de derechos humanos.
Abusos
Entre las denuncias realizadas fue expuesto un caso donde más de 250 venezolanos fueron enviados, en marzo de este año, al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo en El Salvador, donde permanecieron incomunicados durante meses, situación calificada por las ONG como una desaparición forzada. Además, se expuso el caso de Andry, un solicitante de asilo gay detenido por tener tatuajes conmemorativos del Día de Reyes y acusado sin pruebas de pertenecer a una banda criminal.
Se alertó también por el encarcelamiento prolongado de niñas, niños y adolescentes en instalaciones migratorias insalubres, donde algunos han sido separados de sus familias y tratados con crueldad. Afirmaron que estas políticas han provocado un clima de terror generalizado: familias temen salir de sus casas, niños evitan ir a la escuela y hay casos de abusos sexuales en centros de detención, como el de una persona estereotipada como integrante de una pandilla por sus tatuajes.
Se criticó también la existencia de acuerdos bilaterales opacos que permiten deportaciones sumarias de personas migrantes a terceros países, como México y Costa Rica, sin evaluación de riesgos ni acceso a procesos legales adecuados. Según informaron, desde octubre del año anterior han muerto al menos 14 personas migrantes bajo custodia del gobierno estadounidense.
Las y los representantes de la sociedad civil solicitaron a la CIDH reforzar la supervisión del trato a migrantes en Estados Unidos, realizar visitas a centros de detención, emitir informes sobre violaciones documentadas, exigir la restauración del derecho de asilo, y condenar públicamente los traslados forzosos y las prácticas que perpetúan el racismo y la discriminación.
Con información de El Economista / Arturo Rojas
