La Secretaría de Hacienda respondió al INE que “no es viable jurídicamente otorgar recursos adicionales a dicho Instituto, pues se reitera que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2O22, aprobado por la Cámara de Diputados, no existe disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral u otorgar excepcionalmente recursos adicionales”.
La dependencia reitera al Instituto que tendrá que decidir las adecuaciones presupuestales que requiera para realizar la consulta.
En adición, pone a disposición del INE, oficinas de las dependencias de la administración federal para participar “en los trabajos de resguardo de la documentación e instalaciones, acompañamiento de personal, auxilio mediante equipo altamente cualificado que vela por la salvaguarda de las ciudadanas y los ciudadanos que participan en los ejercicios organizados por ese Instituto, entre otras tareas, y que estamos seguros de que coadyuvarán en la realización del proceso de revocación de mandato”.
El consejero presidente pidió al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo dar lectura de las conclusiones del escrito enviado por Hacienda, durante la sesión que se realizó la noche de ayer.
Por la mañana, Lorenzo Córdova, había dicho que si la Secretaría no aportaba los mil 738 millones de pesos faltantes para organizar la revocación de mandato “lo único que está en duda es la cantidad de mesas de votación que podremos instalar, si no recibimos la ampliación presupuestal el INE sólo podrá instalar un monto cercano a la tercera parte de las mesas de votación que se podrían instalar si contáramos por el contrario con el presupuesto solicitado”.
Esto significa que se instalarían unas 53 mil casillas en lugar de las 161 mil mesas de votación que se tenían planeadas en principio.
El Consejo General del INE consideró colmados los requisitos establecidos por la ley para realizar la consulta de revocación de mandato, por lo que en la próxima sesión del 4 de febrero expedirá la convocatoria con las reglas de participación para que este ejercicio que se lleve a cabo el 10 de abril.
Lo anterior, a pesar de que los ciudadanos que no apoyaron este ejercicio y cuyos datos personales fueron utilizados sin su consentimiento podrían llegar a 2.7 millones, explicó el consejero Ciro Murayama.
El consejero explicó que el INE hizo una visita muestral a ciudadanos registrados como participantes con su apoyo.
En ese ejercicio muestral, resultó que, de 850 personas sorteadas, 25% expresó que no había dado sus datos para apoyar la revocación de mandato.
